Qué dice el Real Decreto 238/2026, desde cuándo obliga a empresas y autónomos, por qué un PDF no vale, cómo se diferencia de VeriFactu y qué hacer paso a paso.
Publicado el 29 de septiembre de 2026
La factura electrónica será obligatoria para todas las empresas y autónomos que facturen a otras empresas o autónomos en España. Lo establece la Ley 18/2022, «Crea y Crece», y lo desarrolla el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, publicado en el BOE el 31 de marzo de 2026. La obligación llega en dos fases: 12 meses después de que entre en vigor una orden ministerial de Hacienda para quienes facturan más de 8 millones de euros al año, y 24 meses después para el resto.
Esa orden ministerial es la pieza que fija el calendario real. El proyecto que Hacienda sometió a audiencia pública en abril de 2026 prevé que entre en vigor el 1 de octubre de 2026. Si la versión definitiva mantiene esa fecha, la obligación empezaría el 1 de octubre de 2027 para las empresas de más de 8 millones y el 1 de octubre de 2028 para el resto de empresas y autónomos. A fecha de hoy no hemos podido confirmar en el BOE la publicación de la orden definitiva, así que tómalo como calendario previsto, no cerrado.
Aquí tienes qué exige la norma, qué no exige (hay mucho ruido), en qué se diferencia de VeriFactu y qué tiene que hacer una pyme que hoy manda sus facturas en PDF por email.
En el lenguaje de la calle, una factura en PDF enviada por email ya es «electrónica». Para esta obligación, no. El artículo 7 del Real Decreto 238/2026 exige que la factura sea un mensaje informático estructurado, ajustado al modelo de datos europeo EN16931. Es decir, un fichero con campos que un programa puede leer sin intervención humana: quién emite, quién recibe, NIF, base, tipo de IVA, total, vencimiento.
Un PDF es una imagen del documento: una persona lo lee, pero un sistema no puede extraer los datos con garantías. Por eso un PDF, un Word o un Excel no cumplen esta obligación, aunque viajen por email. El PDF solo aparece en la norma como acompañante temporal, en un caso concreto que verás más abajo.
Además, cada factura electrónica debe llevar un código único que incluya el NIF del emisor, el número y la serie de la factura y su fecha de expedición (artículo 7.5).
El artículo 3 del real decreto obliga a los empresarios y profesionales que tengan que expedir factura cuando el cliente sea otro empresario o profesional con sede, establecimiento permanente o domicilio en España. Es decir, las operaciones B2B dentro de España. Las ventas a particulares no entran en esta obligación.
El real decreto entró en vigor a los veinte días de su publicación, pero su aplicación efectiva está diferida: los plazos de 12 y 24 meses se cuentan desde la orden ministerial, no desde el real decreto (disposición final cuarta). Por eso verás webs que dan julio de 2027, otras que dan octubre y otras que hablan de 2029. La fecha buena es la que resulte de la orden publicada en el BOE.
La aplicación efectiva de este real decreto quedará diferida en los siguientes términos, contados desde la entrada en vigor de la orden ministerial: doce meses después, para los empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones haya excedido de 8 millones de euros durante el año natural inmediato anterior; veinticuatro meses después, para el resto de los empresarios y profesionales.
— Real Decreto 238/2026, disposición final cuarta (BOE-A-2026-7295), consultado el 29-09-2026
Es la confusión más habitual, y algunas guías la alimentan. Son dos normas con objetivos diferentes que acabarán conviviendo en el mismo programa de facturación:
El artículo 7.1 admite cuatro sintaxis, todas ajustadas a la norma europea EN16931:
El preámbulo del real decreto añade que, en las plataformas privadas, también valen los mensajes Peppol BIS, porque usan sintaxis UBL y cumplen la norma europea. En la práctica, no tendrás que elegir formato a mano: lo hará tu programa o tu plataforma. Lo que sí debes comprobar es que tu herramienta genere al menos uno de estos formatos.
El real decreto crea el «sistema español de factura electrónica» (artículo 5), con dos vías que se pueden combinar:
Dos reglas del artículo 6 que conviene conocer. Primera: si no has pactado con tus proveedores recibir las facturas por una plataforma privada, se entiende que las recibes por la solución pública, sin hacer nada. Segunda: si eliges una plataforma privada para recibir, tienes que publicar tu punto de entrada de facturas en tus comunicaciones con otras empresas y, si la tienes, en tu página web.
Y si emites por una plataforma privada o con tu propio programa, ese sistema debe mandar a la vez una copia fiel de cada factura, en UBL, a la solución pública. Así la AEAT tiene todas las facturas B2B aunque no las hayas emitido con su herramienta.
La Ley 56/2007 (artículo 2 bis) añade dos garantías: tu cliente no puede obligarte a usar una plataforma o un proveedor concreto, y durante cuatro años desde la emisión puede pedirte copia de sus facturas sin coste adicional.
Esta es la gran novedad y lo que más cambia el día a día. Quien recibe la factura tiene que informar al emisor de lo que pasa con ella (artículo 10):
Además, el artículo 12 obliga al destinatario a comunicar a la solución pública de la AEAT el pago completo de cada factura (o su rechazo), con la fecha de pago y la fecha de vencimiento, también en cuatro días. Da igual que la factura haya llegado por una plataforma privada. Si no rechazas una factura ni se emite una rectificativa, se presume aceptada. Puedes autorizar a tu plataforma para que haga esta comunicación por ti.
Traducido: Hacienda sabrá cuándo pagas y cuándo te pagan. El objetivo de la ley es que los plazos de pago de la Ley de morosidad dejen de ser papel mojado.
Los autónomos que facturan a empresas u otros autónomos están obligados igual que cualquier sociedad. Un autónomo con un volumen de operaciones de hasta 8 millones de euros entra en la segunda fase: 24 meses tras la orden ministerial (previsto: 1 de octubre de 2028).
Tiene un alivio concreto (disposición transitoria tercera): durante los doce meses siguientes a su fecha de obligación, informar de los estados de la factura será voluntario para las personas físicas y entidades en atribución de rentas con volumen de hasta 8 millones. Emitir en formato electrónico, en cambio, sí es obligatorio desde el primer día.
Si tu clientela son particulares y emites tickets o facturas simplificadas, esta obligación B2B no te afecta en esas ventas. Si mezclas ambas, sí te afecta en las facturas a empresas.
Aunque tu empresa esté en la segunda fase, lo notarás antes. Cuando las empresas de más de 8 millones empiecen a estar obligadas, tus proveedores grandes te mandarán facturas electrónicas. Durante sus primeros doce meses, la disposición transitoria segunda les obliga a acompañarlas de un PDF que asegure su legibilidad, salvo que aceptes expresamente recibirlas solo en el formato original. Es un periodo de transición: conviene aprovecharlo para aprender a recibirlas, no para seguir con el PDF.
Si hoy facturas con una plantilla y mandas PDFs por email, este es el orden razonable de trabajo:
Muchas de las páginas que posicionan para esta búsqueda las escriben fabricantes de software. No es malo, pero te conviene llegar con preguntas concretas:
Aquí conviene ser prudente, porque circulan cifras sin fuente. El Real Decreto 238/2026 no incluye un régimen de sanciones propio para el incumplimiento de la factura electrónica entre empresas. La multa de hasta 10.000 euros que citan muchas webs está en el artículo 2 bis.9 de la Ley 56/2007, y se refiere a otra obligación: la de las empresas que prestan servicios de especial trascendencia económica al público (suministros, telecomunicaciones, banca…) de ofrecer factura electrónica a sus clientes particulares y darles acceso a ellas.
Otra cosa son las sanciones por usar un programa de facturación que no cumpla los requisitos antifraude, que pertenecen al terreno de VeriFactu y de la Ley General Tributaria. Si alguien te habla de sanciones concretas por la factura electrónica B2B, pide que te indique el artículo de la norma.
24 meses después de la entrada en vigor de la orden ministerial que regula la solución pública. Con la fecha que recoge el proyecto de orden (1 de octubre de 2026), sería el 1 de octubre de 2028. Confírmalo en la sede de la AEAT cuando se publique la orden definitiva.
No por esta obligación, que solo afecta a facturas entre empresarios y profesionales. Las facturas simplificadas (tickets) también quedan fuera, salvo las simplificadas cualificadas.
No. La norma exige un mensaje estructurado en UBL, CII, EDIFACT o Facturae. El PDF solo aparece como documento de acompañamiento temporal para las empresas de más de 8 millones durante su primer año.
Sí. El artículo 11.10 del Real Decreto 238/2026 establece que el acceso a la solución pública y sus distintos usos serán gratuitos para los usuarios.
No necesariamente. VeriFactu regula el programa con el que facturas; la factura electrónica B2B regula el formato, el envío y los estados de pago. Tu programa debe cubrir las dos.
Se entiende que recibes por la solución pública de la AEAT. No tienes que comunicarlo expresamente (artículo 6 del real decreto).
En el BOE, Real Decreto 238/2026 (referencia BOE-A-2026-7295), y en la noticia de la Agencia Tributaria del 31 de marzo de 2026 «Facturación electrónica obligatoria», en su sede electrónica. Datos consultados el 29-09-2026.
Este artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento de tu gestoría.
Escrito por
Simebuscas
Agencia de marketing digital y desarrollo web en Arahal, Sevilla. Escribimos sobre lo que vemos funcionar en proyectos reales.
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